El viernes 5 de agosto, en Corrientes fue liberada Ana, luego de que un Fiscal la acusara de un delito que no cometió, ordenara su prisión preventiva, debiendo transitar ocho meses privada de su libertad. 

 El Fiscal condujo una investigación parcial y arbitraria, dirigida exclusivamente contra Ana y omitiendo otras líneas de investigación, sin considerar que se trataba de un aborto espontáneo y no de un parto, ya que no habían pruebas que demostraran el nacimiento con vida de una persona. 

A Ana se le negó la prisión domiciliaria, cuando no existían razones para presumir su fuga, ya que además de ser madre y estar al cuidado de una niña de 11 años y un niño de 6 años, no contaba con recursos económicos para irse. Ana vivía de la venta de comida casera.  

Aun cuando dos jueces demostraron que el fiscal actuó sin pruebas y ordenaron la liberación de Ana, la (In) Justicia reproductiva en Argentina surge evidente en el impacto que ocasiona la privación de libertad en una esas existencias, máxime cuando fue producida arbitrariamente por un funcionario del estado que criminaliza una situación que debía abordarse exclusivamente en el ámbito de la salud.  

Criminalización de género

La Comisión Libres las Queremos realizó un estudio junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad de San Martín (Unsam) y otros especialistas, que reveló que entre 2018 y 2020 al menos 1.532 personas fueron criminalizadas o denunciadas por abortar en Argentina.

La justicia reproductiva implica que los procesos penales no sean instrumentos destinados a criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar, negándoles el ejercicio de sus derechos humanos. 

Intervenciones como la de éste fiscal son mensajes mafiosos destinados a generar miedo y temor.

¡Exigimos consecuencias para el fiscal, de lo contrario el ESTADO ES RESPONSABLE!