Amnistía internacional, con el apoyo de Líbera Abogacía Feminista, intimó al Estado a brindar información pública sobre salud sexual y reproductiva para que toda la sociedad pueda contar con datos precisos y completos sobre la implementación de la ley de acceso a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo. Así, ambas organizaciones, piden a la Suprema Corte de Mendoza que garantice el derecho a la información pública sobre interrupción del embarazo.
En septiembre de 2021, desde Líbera Abogacía feminista junto a la organización Amnistía Internacional presentamos una solicitud de acceso a la información dirigida al Ministerio de Salud provincial con sustento en la Ley 9070 que obliga al Estado a brindar información pública. La solicitud fue respondida de forma incompleta e imprecisa, ya que, por ejemplo, omitió informar sobre cuántas prácticas de IVE/ILE se realizaron y cuáles son los centros de salud públicos que garantizan dicha atención.
Ante estas falencias, ambas organizaciones requirieron la intervención del organismo garante del derecho de acceso a la información en la provincia, la Auditoría General de Ética Pública. Sin embargo, dicho organismo rechazó el planteo y convalidó la falta de acceso a información central para monitorear la implementación de la ley y garantizar el efectivo acceso a la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes de la provincia.
Contra ese rechazo, el 31 de marzo Amnistía Internacional presentó una demanda ante el máximo tribunal local, a través de la cual pidió que revise el accionar ilegítimo del Auditor General, y restablezca el derecho a la información vulnerado.
Identificamos a la falta de campañas de información como una barrera para el acceso al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, ya que no se ejerce un derecho que no se conoce. Una investigación inédita realizada por Líbera Abogacía Feminista y Amnistía Internacional concluyó que en la provincia de Mendoza no existe información de acceso público para que las personas gestantes sepan que el servicio de interrupción del embarazo existe y a dónde se garantiza, lo que contribuye a estigmatizar el aborto y reforzar estereotipos y prejuicios.
Acceso a la presentación judicial: